No es raro escuchar en los últimos días titulares de prensa anunciando el incremento de la economía del país y situándola como una de las economías más pujantes de América Latina con un crecimiento del 5,3% (según estudios recientes de la CEPAL) superior al promedio regional que alcanza 4,7%. En contraposición a esta cifra se encuentran también en abundancia noticias sobre el incremento de la pobreza y la indigencia, mostrando que el 45% de los colombianos son pobres y 17% se encuentran en la indigencia, (Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad MESE, DANE, DNP) a pesar de que la economía está en ascenso seguimos siendo uno de los países con mayores índices de desigualdad.
Las empresas nacionales y extranjeras son en gran medida las responsables del crecimiento económico, pero ¿cuál es su responsabilidad frente a la reducción de la pobreza y aumento de la calidad de vida de los colombianos? En los últimos años se ha venido instalando en este sector la preocupación por incluir políticas de responsabilidad social, sin embargo esta nueva visión en la gestión empresarial no se traduce en disminución de la desigualdad y la pobreza.
¿Cuál es entonces el enfoque de estas políticas, por qué no han logrado mejorar el entorno de las comunidades? Desde la incorporación del concepto de RSE se han señalado directrices para su aplicación entendiéndola como la posibilidad que tienen las empresas de transformar sus prácticas internas para mostrarse socialmente responsables y mejorar su competitividad; estas prácticas han estado asociadas al establecimiento de códigos de conducta, a reducir el impacto medio ambiental, a garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y a mejorar su relación con los proveedores; es posible que hacerlo de esta manera siguiendo lineamientos internacionales no sea la vía, podríamos decir entonces que es precisamente la falta de innovación al aplicar dichas políticas lo que ha fallado, seguir pautas en las que ha estado ausente la promoción de verdaderas políticas de apoyo a las comunidades que los acogen, políticas que deberían ir más allá de la filantropía y el altruismo y ser una ruta obligada para promover una verdadera ciudadanía corporativa.
Es necesario repensar el liderazgo empresarial desde su incidencia en las políticas públicas, principalmente en temas de inclusión y equidad y lograr que estas permitan reducir las desigualdades sociales; ejercer la ciudadanía corporativa requiere perseguir un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental, asumir el rol como ciudadanos con deberes dentro de la sociedad y ser capaces de crear y transformar el orden social, de cooperar con otros, de promover un orden que aporte a la convivencia, a la solución pacifica de los conflictos, que promueva el auto cuidado y la autogestión, que apoye la construcción de cultura ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
Este nuevo rol dentro la sociedad se traduce en valor agregado para la compañía, en esquemas diferenciadores que promueven el reconocimiento y sobre todo debe traducirse en trabajo directo con y para las comunidades, en una participación activa en las decisiones políticas y administrativas de las localidades en las cuales se encuentran presentes, estimulo la educación técnica y tecnológica, diseño de políticas de incorporación al empleo, entre otras.
La economía no puede seguir creciendo de espaldas a la realidad de las comunidades, la Responsabilidad Social Empresarial debe estar al servicio de la sociedad en su conjunto y del crecimiento sostenible y equitativo de la riqueza, es urgente innovar en la aplicación de estas políticas alejándose de los lineamientos internacionales estandarizados, logrando una ventaja comparativa y un valor agregado en sus proceso que permitan reflejarse en la sociedad.
Escrito por: María Emilia García
Consultora en RSE
